Abuelas de Plaza de Mayo solicitó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín una ampliación de las medidas de protección al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) ante las circunstancias que afectan su buen funcionamiento y frente al Decreto N° 351/2025, que lo transformó en un organismo desconcentrado quitándole su autarquía y autonomía. 

El organismo se encuentra acéfalo desde hace semanas, ya que están vencidos los cargos directivos y no se ha llamado a concurso para cubrir las vacancias de roles esenciales para el desarrollo de las tareas centrales para su funcionamiento: la firma de informes para comunicar resultados de entrecruzamientos de ADN, la compra de insumos, el mantenimiento y cuidado de las maquinarias, el presupuesto para viajes de extracción de muestras, las exhumaciones para completar grupos familiares, entre otras tantas tareas. 

Hoy, el BNDG no tiene presupuesto suficiente para trabajar y funcionar, ya que se mantiene con el de 2023. Además, las decisiones del BNDG están en manos del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología- licenciado en Administración de Empresas- y del Subsecretario de Ciencia y Tecnología, licenciado en Psicología. Es decir,  profesionales sin formación específica para garantizar la labor de un laboratorio de alta complejidad, que es perito oficial en causas de lesa humanidad. 

En este sentido, pedimos a la justicia que intime al Gobierno para que convoquen a los concursos públicos que garanticen la idoneidad científica de las/los profesionales para cubrir las vacancias de los cargos directivos y hasta tanto suceda, disponga la prórroga del mandato de la actual directora técnica, Dra. Mariana Herrera Piñero. También que  intime al Gobierno a disponer las erogaciones necesarias para el adecuado funcionamiento del BNDG.

Asimismo, que disponga una medida de no innovar para resguardar las muestras biológicas y genéticas que integran el Banco Nacional de Datos Genéticos, los instrumentos, los equipamientos, el inmueble donde se almacenan y preservan las muestras y la tecnología utilizada para su resguardo y adecuado entrecruzamiento. “Como expresamos, lo requerido en forma cautelar encuentra sustento en las obligaciones de investigar, sancionar, juzgar las graves violaciones de derechos humanos y el deber de reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas para garantizar la no repetición de los crímenes de lesa humanidad”, señala el escrito. 

El decreto, firmado el 22 de mayo por el presidente Javier Milei, quita al BNDG la posibilidad de administrar sus propios recursos, lo que implica un entorpecimiento en su objeto y funciones: la búsqueda de nuestros nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico militar. “A saber: garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983”, recordamos.

El decreto, que transformó al BNDG en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, obstaculiza, burocratiza y ralentiza su labor. 

Por lo tanto, el riesgo en que se encuentra el Banco se deriva de las omisiones del Estado: por un lado, la omisión de asignar un presupuesto suficiente y adecuado para cumplir con sus objetivos y funciones y, por otro, la omisión de la designación de las autoridades del Banco. 

Este riesgo también se deriva de las acciones concretas adoptadas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 351/2025,  mediante el cual se modificaron las características esenciales del Banco, que habían sido especialmente dispuestas como medio para garantizar la eficacia y eficiencia del organismo .

El BNDG es un instrumento creado en 1984 para resolver el delito de apropiación de menores durante la dictadura, y desde entonces -durante todos los gobiernos democráticos hasta este Gobierno- se había ido fortaleciendo para garantizar el derecho a la identidad y esclarecer crímenes de lesa humanidad. “Se advierte evidente el riesgo que se deriva para el funcionamiento de cualquier organismo no contar con fondos suficientes ni autoridades que puedan dirigir la labor que se lleva adelante. En el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, el riesgo se exalta en tanto se trata de un laboratorio de alta complejidad que es perito oficial en causas por desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado y almacena y resguarda muestras biológicas y genéticas irreproducibles en caso de pérdida”, señalamos. 

Por tanto, solicitamos a la justicia que amplíe las medidas de protección requiriendo informes a la secretaría de Innovación al tiempo que le pedimos que nos informe y de vistas ante cualquier acción o medida, para poder ejercer nuestros derechos.

Nuestra lucha es permanente, seguiremos buscando a nuestros nietos y nietas, víctimas de desaparición forzada; y solicitando a quienes deben dar respuesta sobre estos crímenes, para que cesen. Seguiremos trabajando por la Memoria, Verdad y Justicia, y sosteniendo los valores democráticos de nuestra querida patria.