Por Cecilia Flachsland*

La Secretaría de Educación de la Nación habilitó un 0800 para denunciar el “adoctrinamiento” en las escuelas. En 2025, según datos oficiales, se recibieron 2000 llamados. La mayoría fue desestimada por improcedente ya que acusaban a los docentes de enseñar “quién fue Frida Kahlo”, “qué pasó el 24 de marzo” o “el peronismo durante el siglo XX”. Es decir: llamaban adoctrinamiento a la enseñanza de temas son parte de los contenidos obligatorios.

Todo currículum implica tomar decisiones acerca de qué enseñar y qué no. Geografía, por poner un caso, es una materia obligatoria, astrología no. Esta selección es el resultado de un debate en el que participan especialistas, docentes, organismos de la sociedad civil. Suele ser un proceso tenso, pero cuando se instituye es resultado del consenso entre las jurisdicciones de un sistema educativo que es nacional y federal y que, por lo tanto, obedece a diferentes espacios políticos. Esto sucedió, por ejemplo, cuando se incorporó a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) el concepto de Terrorismo de Estado.

En el siglo XIX la escuela se había propuesto “crear argentinos” mediante la adhesión a una patria que, en ese entonces, se cifraba en fechas de batallas y nombres de próceres varones. Esa lógica, aunque muy criticada por homogeneizante, fue eficaz durante décadas, pero comenzó a resquebrajarse cuando la última dictadura la utilizó para legitimar sus crímenes. Con la recuperación de la democracia fue necesario volver a instalar la pregunta sobre qué significaba “formar argentinos”: qué conocimientos había que transmitir en la escuela para activar la vida colectiva después de la experiencia dictatorial.

El Congreso Pedagógico de 1983 –un intento de democratizar el sistema educativo– resolvió que era necesario fomentar un “civismo responsable” que superara tanto a las juventudes disciplinadas de la dictadura como a las revolucionarias de los años setenta.  Esta definición contenía, de alguna manera, el pacto social del Nunca Más, pero, a la vez, revelaba sus limitaciones al homologar una y otra forma de juventud.

En esos mismos años, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo ya habían construido el piso ético imprescindible para la recuperación democrática. En cierta medida, habían establecido un marco teórico para la “pedagogía de la memoria”. Porque si la narrativa histórica había contribuido a legitimar las experiencias genocidas del siglo XX, para restaurar esas heridas era necesario volver al pasado de otra forma, mediante la memoria que, aun siendo frágil y fragmentaria, podía recuperar las voces que el terror estatal había pretendido aniquilar.

Sindicatos, docentes, centros de estudiantes y especialistas entendieron que el aula era un espacio fundamental en la construcción de la memoria colectiva y los derechos humanos. Hay registro de muchísimas experiencias de educación y memoria en las décadas del ochenta y el noventa. Este impulso se convirtió en política de estado a partir de 2006, cuando se definió un marco normativo, contenidos curriculares, un proyecto de formación docente y una efeméride nacional. Es decir que los temas de memoria no “bajaron” a las escuelas, sino que las escuelas fueron parte constitutiva de esa trama.

Este breve recorrido muestra que educar en la memoria no fue una decisión apresurada de un gobierno ni una imposición resuelta por fuera de las necesidades pedagógicas. Son muchas las escuelas que tienen un pañuelo blanco al lado de la bandera y otras tantas que llevan nombres de personas desaparecidas. También son muchas las clases donde la palabra docente explica el pasado reciente y abre el diálogo a preguntas que pueden resultar difíciles e inquietantes. Cada año, además, el acto del 24 permite recrear la memoria desde el presente y en diálogo con la historia nacional. Si todo esto sucede en las escuelas es porque la educación y la memoria no es sólo el resultado de un largo proceso sino una sensibilidad que ampara la vida en común. Por eso, cuando se la reduce al mero “adoctrinamiento” lo que se busca no es simplemente borrar estos contenidos de enseñanza, sino desactivar una experiencia que es, entre otras, la que sostiene la vida democrática del país y las escuelas y la que sigue conteniendo la promesa de un futuro más justo.

*Lic. en Comunicación, docente, ex directora de Canal Encuentro, integró el Programa Educación y Memoria.